La Consejería admite una cara y una cruz: la mosca de la fruta se ha frenado pero las medidas de erradicación del picudo rojo han sido infructuosas.

La Consejería de Agricultura de la Región de Murcia admite una cara y una cruz a la hora de realizar el balance de cómo han afectado las plagas a los cultivos de nuestro territorio.

Por un lado está la ‘mosca de la fruta’, que se ha frenado gracias a medidas de contención, medidas obligatorias de control fitosanitario y de transporte, y acuerdos bilaterales con los países del entorno. Así, en la mayoría de los casos se adopta un tratamiento en frío obligatorio antes de la carga o durante el transporte, durante un tiempo prolongado, que evite la llegada de adultos o larvas vivas, aspectos que se controlan oficialmente y cuyo coste corre a cargo de los exportadores.

Dentro de estas herramientas de control durante la fase de cultivo se ha investigado mucho debido a la escasez cada vez menor de los productos fitosanitarios, en los denominados sistemas de confusión sexual, suelta de machos estériles o de captura masiva los cuales se alternan con el uso de lo productos fitosanitarios. En este ámbito, la Comunidad Autónoma siempre ha sido un referente internacional.

El picudo, a sus anchas

Todo lo contrario ocurre con el picudo rojo, una plaga ya declarada por la Comisión Europea como establecida en muchas áreas del mediterráneo. Las medidas de erradicación han sido «infructuosas», por lo que la plaga ha conseguido hacer desaparecer ya determinadas especies de palmeras, como es el caso de la ‘Phoenix carariensis’. Las medidas de control y erradicación llevadas a cabo por la Comunidad Autónoma supusieron una inversión de más de siete millones de euros.

La falta de insecticidas químicos y naturales para el control de plaga, así como la imperiosa necesidad de continuar las medidas fitosanitarias de por vida, hizo que muchos propietarios abandonaran el control de plaga. En la actualidad, las medidas que se siguen en las áreas afectadas por el picudo son de contención, por lo que «corresponde a los propietarios de las palmeras y no son sufragadas por la Administración», recuerda la Consejería.

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